Suspenden juicio por asesinatos en Metán durante la dictadura

El ex policía Andrés del Valle Soraire que debía comenzar a ser juzgado esta semana por los homicidios de Ramón Rodríguez y José Lino Salvatierra ocurridos en el año 1977 en el departamento Metán, no será sometido a juicio momentáneamente, ya que los jueces intervinientes se declararon incompetentes para llevar el proceso adelante, por lo que fue remitido a la Justicia Federal. El acusado fue detendio meses atrás en la provincia de Tucumán imputado en la Masacre de Palomitas y prófugo desde hace 20 años por el doble asesinato ocurrido en El Tunal, del departamento Metán.

Los hechos
En la noche del 10 de mayo de 1977, José Lino Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez, uno de 21 años, y el otro de 23; fueron interceptados en un camión donde transportaban carbón hacia Salta. Al bajar del rodado por orden de quienes los habían detenido cerca de El Tunal, fueron ejecutados a sangre fría. Los cadáveres de los jóvenes procedentes de Anta, fueron cargados en una camioneta y trasladados hacia la finca El Ceibal donde los cuerpos fueron encontrados a la mañana siguiente con un cartel que decía que fueron ejecutados por "cuatreros".
Con el paso del tiempo, las pericias caligráficas probarían que el cartel había sido escrito por Fortunato Saravia, uno de los integrantes de la denominada Guardia del Monte. Este grupo estaba integrado, además de Soraire y Saravia, Leonides Acosta y Víctor Miguel Angel Corvalán. Sin embargo, los integrantes de esa unidad policial que habría funcionado en realidad como grupo de tareas del terrorismo de Estado, se convirtieron en "intocables" de la Justicia tras la intervención del entonces subjefe de Policía, Juan Carlos Grande.
Antonio Sandoval, un testigo que luego sería descalificado no sin disidencias entre los jueces que juzgaron a los integrantes de la Guardia del Monte, aseguró haberlos visto cometer el salvaje crimen. El hombre sostuvo que él viajaba en la caja del camión y desde ahí pudo ver cuando Soraire y Fortunato Saravia asesinaban a los dos "arbolitos" como eran conocidos los jóvenes asesinados. Con la declaración de este testigo, Soraire y Saravia fueron detenidos y al momento de iniciar un careo ingresó imponiendo su autoridad, el mayor Grande quien estaba a cargo de la policía de Salta.
Según los testimonios que se conocieron tiempo después, se supo que Grande dijo delante del juez, del fiscal, las dos sumariantes, el abogado querellante y el hermano de uno de los jóvenes asesinados, Domingo Nolasco Rodríguez, que el asesinato no se podía haber concretado ya que en ese mismo momento, Soraire estaba participando del operativo mediante el cual asesinaron al gobernador de Salta Miguel Ragone. De esta forma, Soraire fue retirado de la sala por Grande y los trámites judiciales que se habían iniciado a comienzos de mayo de 1977, fueron suspendidos quedando el expediente en la sala de audiencias.

El juicio
Con la llegada de la democracia Soraire llegó a juicio por este hecho pero luego una decisión judicial le permitió obtener la libertad. No ocurrió lo mismo con Saravia que fue condenado. Al momento que los jueces recibieron la apelación y decidieron que Soraire permaneciera detenido por el asesinato, ya no se lo pudo volver a detener porque se había fugado, condición en la que permaneció hasta que a mediados de este año fue detenido en Tucumán en la causa donde se investiga la muerte del ex gobernador Miguel Ragone.

Lesa Humanidad
Tras ser detenido Soraire, el secretario de Derechos Humanos de Salta, Oscar Guillén, llegó a la conclusión que la Guardia del Monte no fue una unidad policial que tenía como fin combatir el robo de ganado, sino para "perseguir y ejecutar a disidentes".
Es por eso que el 20 de septiembre pasado, Guillén pidió a la Justicia provincial que el crimen de Rodríguez y Salvatierra fuera declarado un delito de lesa humanidad, imprescriptible, y que como consecuencia, se juzgue a Soraire por este hecho. Entre sus fundamentos, el funcionario sostuvo que durante los años que ocurrió el crimen, cualquier persona podía ser calificada como "subversivo", "extremista" o "comunista" y por lo tanto, fueron el blanco de las fuerzas del terror. Con esa razón, pidió que se ejecute y mantenga la acción penal pública contra Soraire, por considerarlo presunto autor de un crimen de lesa humanidad imprescriptible. Esta postura fue avalada por el fiscal de la Cámara 2º, Eduardo Elías, quien solicitó a la Cámara 2º la fijación urgente de una fecha para el inicio de la audiencia de debate. El mismo debía comenzar esta semana.

Postergado
El juicio que debía comenzar este 21 de Noviembre, fue suspendido ya que el Tribunal que intervino en esta causa, debió constituirse con integrantes de la Cámara del Crimen de 3º Nominación, ya que los jueces Bernardo Ruiz y Amadeo Longarte se excusaron porque habían actuado en otras instancias de este proceso.
El lunes de esta semana, se conoció la decisión tomada por un tribunal integrado por los camaristas Carlos Pucheta, Antonio Morosini y Alberto Fleming, quienes coincidieron en que es competencia de la Justicia Federal intervenir en este hecho, debido a que se trata de un delito de lesa humanidad.

Otra complicación
El juez federal de Salta Miguel Medina, quien lleva adelante las causas por hechos ocurridos durante la última dicta-dura militar - como ser la Masacre de Palomitas donde fue asesinado Ragone -, fue nada más y nada menos que el abogado defensor de los cuatro acusados de conformar la Guardia del Monte, donde uno de sus integrantes era Soraire.
Al estar involucrado Soraire en la muerte del ex gobernador, el juez debía apartarse de la causa de acuerdo a lo que establece el artículo 55, inciso 1, del Código Procesal Penal de la Nación que indica que el magistrado debió excu-sarse de intervenir en este proceso. Con la detención de Soraire y la reapertura de la causa de los asesinatos en el departamento Metán, se aportaron las pruebas suficientes para comprobar que Medina ejerció la defensa de Soraire y de los otros tres policías implicados en el doble homicidio, Fortunato Saravia (el único condenado y ya fallecido), Santos Leonides Acosta y Víctor Miguel Angel Corvalán. No obstante, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta consideró que el juez federal Miguel Medina puede seguir interviniendo en la causa que tiene a su cargo.
En un descargo ante el Consejo de la Magistratura, que "no se llegó a ejercer efectivamente la defensa" de Soraire. Se consideró que de los tratados internacionales con jerarquía constitucional y demás normas adoptadas por la Argentina "no surge dis posición alguna de la que pueda interpretarse válidamente que en esos procesos se deberán aplicar reglas distintas a las que se siguen en los demás expedientes penales".
Además se remarcó que "ninguno" de los miembros de la Guardia del Monte "se encuentra imputado en esta causa". Según informó la prensa salteña, la decisión de la Cámara fue recibida con consternación por los querellantes, que hace tiempo vienen señalando la pérdida de confianza en Medina para que intervenga en los procesos abiertos por crímenes cometidos durante la represión estatal. Ahora se debe esperar qué sucederá con el magistrado en caso que la causa de Soraire cayera en sus manos y si efectivamente se apartará de la misma o se basará en las mismas consideraciones para continuar al frente de la investigación de la Masacre de Palomitas.
Lo que sí fue comprobado, es que Medina asumió la defensa de los policías impliacos en el crimen de El Tunal, el 12 de febrero y la abandonó el 4 de marzo del año 1977.